En El Mundo el columnista Luis Fernando Múnera también entra a terciar y considera que el proyecto se debería adjudicar directamente a EPM.
El comentario se puede consultar directamente en el link:
http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idedicion=1706&idcuerpo=1&dscuerpo=Secci%F3n%20A&idseccion=3&dsseccion=Opini%F3n&idnoticia=145787&imagen=080922080931luis.jpg&vl=1&r=opinion.php
La nota periodística completa:
"No necesita socio extranjero
Luis Fernando Múnera
Para bien o para mal, las instituciones y las obras trascienden el momento y se incrustan en la historia. Igualmente sucede con los hombres que forman parte de ellas. Es impensable que un proyecto con la magnitud y la importancia de la futura central Hidroituango se desarrolle condicionado por consideraciones personalistas o políticas y con visiones de corto plazo. La obra, además de ser un desarrollo de gran importancia económica y estratégica para Antioquia, está llamada a convertirse en otro símbolo de la capacidad emprendedora de nuestro pueblo.
Por decisión del departamento de Antioquia, accionista mayoritario de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S. A., E. S. P., el proyecto se entregará a un tercero, mediante una concesión BOOMT. Actualmente, siete firmas están habilitadas para participar en esa selección, de las cuales seis son extranjeras (cuatro brasileñas, una china y un consorcio coreano) y solamente una colombiana (Empresas Públicas de Medellín). Estas concesiones son necesarias cuando en el medio no existen capital y capacidad técnica para emprender el proyecto.
Pero no es el caso de Hidroituango, al contrario, ese proceso es innecesario y riesgoso para los intereses de Antioquia. Debe buscarse una solución racional diferente: adjudicarlo directamente a Empresas Públicas de Medellín, que han demostrado suficiencia técnica y financiera para ello. Antioquia está a tiempo de evitar el grave error de renunciar a la central, pues apenas se han abierto los prepliegos de condiciones y aún no hay términos de referencia definitivos.
La selección se haría mediante subasta en junio de 2010 a la mejor oferta por los derechos que la sociedad propietaria tiene actualmente en el proyecto, que debe incluir el valor de las inversiones ya realizadas, la prima de propiedad a los socios y de control al socio mayoritario y un pago anual durante un período aún no determinado. La base de ese valor y el plazo se establecerán en los términos de referencia definitivos. Informalmente se habla de trescientos setenta millones de dólares, pero la cifra ni es oficial ni parece realista, dados los riesgos que asumirá el adjudicatario. Éste deberá aportar el capital para la construcción de la obra, que está presupuestado en tres mil doscientos millones de dólares, más los recursos que requiera la operación durante un período aún no establecido.
La decisión de entregar la concesión se debe a que el departamento de Antioquia, socio mayoritario, es incapaz de aportar los recursos que le corresponden, el 52,88% del total, pues no tiene capital ni capacidad de crédito suficientes. El otro socio importante, Empresas Públicas de Medellín, sí posee esos recursos y la capacidad técnica, no solamente para la parte que le corresponde, el 46,50%, sino para la totalidad del proyecto, como ha quedado demostrado en la precalificación. Veintisiete accionistas más poseen el 0,62% restante.
La figura de la concesión es el BOOMT, de la expresión en inglés Build-Own-Operate-Maintain-Transfer, que significa construir, poseer, operar, mantener y transferir. Constituye una forma de financiación, en la cual una entidad recibe la concesión de un proyecto para recuperar su inversión mediante la propiedad, operación y usufructo de la obra. Los beneficios que recibe el concesionario deben generar una tasa interna de retorno aceptable, que incluye los costos naturales de construcción, operación y mantenimiento más la incidencia de variables externas e internas en el riesgo inherente al proyecto. Al vencimiento del contrato, que es de largo plazo, la propiedad se transfiere al propietario inicial.
En el estado en que se encuentra, Hidroituango tiene implícitos riesgos de construcción, económicos, técnicos, ambientales y de mercado, que deberá enfrentar la firma a la que se adjudique el contrato. Y en este punto empiezan las consideraciones de fondo para pedir que se suspenda el proceso y se contrate directamente con EPM. La posible adjudicación del contrato a una firma extranjera generaría un costo adicional por la cobertura de riesgos que un inversionista extranjero exige para un proyecto de esta clase en nuestro medio. Además, como las utilidades saldrían del país, se incurriría en el costo de oportunidad de perder esos ingresos para la región.
Eso se evitaría si EPM, conocedoras del medio, asume la construcción y operación de esta central. Para garantizar equidad, se contrataría una banca de inversión, experta en este tipo de proyectos, que evalúe los costos, los beneficios y los riesgos esperables y determine el valor real por el cual se haría la transacción entre Empresas Públicas de Medellín y la sociedad Hidroituango. Esa valoración estaría vigilada por un interventor idóneo externo al proyecto. Además, se convendría el pago de rendimientos periódicos, a favor de los dueños actuales, lo cual le permitiría al departamento recuperar su inversión accionaria y le garantizaría rentas estables de largo plazo.
Es necesario que las fuerzas vivas del departamento se manifiesten para que se detenga esa subasta. Los reales intereses de Antioquia tienen que estar por encima de consideraciones personales o de partido político. Se requiere nobleza para zanjar las diferencias actuales. De lo contrario, la historia se encargará de cobrarles el error a los responsables. Aún estamos a tiempo".
Pero no es el caso de Hidroituango, al contrario, ese proceso es innecesario y riesgoso para los intereses de Antioquia. Debe buscarse una solución racional diferente: adjudicarlo directamente a Empresas Públicas de Medellín, que han demostrado suficiencia técnica y financiera para ello. Antioquia está a tiempo de evitar el grave error de renunciar a la central, pues apenas se han abierto los prepliegos de condiciones y aún no hay términos de referencia definitivos.
La selección se haría mediante subasta en junio de 2010 a la mejor oferta por los derechos que la sociedad propietaria tiene actualmente en el proyecto, que debe incluir el valor de las inversiones ya realizadas, la prima de propiedad a los socios y de control al socio mayoritario y un pago anual durante un período aún no determinado. La base de ese valor y el plazo se establecerán en los términos de referencia definitivos. Informalmente se habla de trescientos setenta millones de dólares, pero la cifra ni es oficial ni parece realista, dados los riesgos que asumirá el adjudicatario. Éste deberá aportar el capital para la construcción de la obra, que está presupuestado en tres mil doscientos millones de dólares, más los recursos que requiera la operación durante un período aún no establecido.
La decisión de entregar la concesión se debe a que el departamento de Antioquia, socio mayoritario, es incapaz de aportar los recursos que le corresponden, el 52,88% del total, pues no tiene capital ni capacidad de crédito suficientes. El otro socio importante, Empresas Públicas de Medellín, sí posee esos recursos y la capacidad técnica, no solamente para la parte que le corresponde, el 46,50%, sino para la totalidad del proyecto, como ha quedado demostrado en la precalificación. Veintisiete accionistas más poseen el 0,62% restante.
La figura de la concesión es el BOOMT, de la expresión en inglés Build-Own-Operate-Maintain-Transfer, que significa construir, poseer, operar, mantener y transferir. Constituye una forma de financiación, en la cual una entidad recibe la concesión de un proyecto para recuperar su inversión mediante la propiedad, operación y usufructo de la obra. Los beneficios que recibe el concesionario deben generar una tasa interna de retorno aceptable, que incluye los costos naturales de construcción, operación y mantenimiento más la incidencia de variables externas e internas en el riesgo inherente al proyecto. Al vencimiento del contrato, que es de largo plazo, la propiedad se transfiere al propietario inicial.
En el estado en que se encuentra, Hidroituango tiene implícitos riesgos de construcción, económicos, técnicos, ambientales y de mercado, que deberá enfrentar la firma a la que se adjudique el contrato. Y en este punto empiezan las consideraciones de fondo para pedir que se suspenda el proceso y se contrate directamente con EPM. La posible adjudicación del contrato a una firma extranjera generaría un costo adicional por la cobertura de riesgos que un inversionista extranjero exige para un proyecto de esta clase en nuestro medio. Además, como las utilidades saldrían del país, se incurriría en el costo de oportunidad de perder esos ingresos para la región.
Eso se evitaría si EPM, conocedoras del medio, asume la construcción y operación de esta central. Para garantizar equidad, se contrataría una banca de inversión, experta en este tipo de proyectos, que evalúe los costos, los beneficios y los riesgos esperables y determine el valor real por el cual se haría la transacción entre Empresas Públicas de Medellín y la sociedad Hidroituango. Esa valoración estaría vigilada por un interventor idóneo externo al proyecto. Además, se convendría el pago de rendimientos periódicos, a favor de los dueños actuales, lo cual le permitiría al departamento recuperar su inversión accionaria y le garantizaría rentas estables de largo plazo.
Es necesario que las fuerzas vivas del departamento se manifiesten para que se detenga esa subasta. Los reales intereses de Antioquia tienen que estar por encima de consideraciones personales o de partido político. Se requiere nobleza para zanjar las diferencias actuales. De lo contrario, la historia se encargará de cobrarles el error a los responsables. Aún estamos a tiempo".
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